Sep 22, 2015 nutyvida Adulto y adulto mayor, Artículos, Consumidores, Infantil y escolar, Nutricion, Salud pública, Salud y bienestar Comentarios desactivados en Comparación entre la exitosa política para erradicar la desnutrición y la actual política de prevención de la Obesidad
Por su complejidad y multidimensionalidad, es impensable que una política de prevención de la obesidad pueda ser impulsada por un solo sector, como es salud. La obesidad depende de la alimentación, actividad física, problemas psicosociales y ambientales que incumben a muchos sectores, entre los que destacan educación, deportes, desarrollo social, agricultura, vivienda y trabajo.
Dr. Fernando Vio del Río, Profesor Titular de la Universidad de Chile, Presidente de la Corporación 5 al Día – Chile, Académico INTA Dr. Fernando Monckeberg de la Universidad de Chile.
La política que llevó a la erradicación de la desnutrición en la década de los ‘80 tuvo al menos cuatro características que la distinguieron:
1) Fue consensuada entre técnicos y políticos; 2) Fue continua a través de gobiernos de diferente signo político; 3) Fue dirigida verticalmente desde el sector salud, con orientaciones claras y presupuesto importante, especialmente para los programas de alimentación complementaria y CONIN (Corporación para la Nutrición Infantil), que le permitieron ser efectiva; y 4) siempre contó con apoyo importante, no sólo de técnicos y políticos, sino también de la sociedad en su conjunto, la que consideró a la desnutrición como algo inaceptable y una vergüenza para el país, que requería de la solidaridad de todos para resolverla. En el caso de la obesidad, en cambio, no ha sucedido lo mismo en cada uno de los cuatro aspectos señalados. Resulta interesante analizar entonces cada una de estas variables para reconocer en qué hemos fallado como país para poder generar cambios que permitan políticas públicas exitosas.
Disenso técnico y político
Al ser la obesidad un problema complejo y multidimensional, existen diferentes posturas y enfoques de técnicos y políticos. Hay quienes señalan que los estilos de vida dependen del ámbito individual de cada persona y que cualquier acción que intente cambiarlos va contra sus libertades personales.
Por ello es muy difícil modificar hábitos, especialmente en adultos, ya que éstos dependen de lo que cada persona considere adecuado.
Hay otros que, apoyados en la estrategia de los Determinantes Sociales de Salud, plantean que lo importante son los cambios estructurales en la sociedad para luego modificar los hábitos. Estos cambios deben estar en la esfera política, económica y social, dictados a través de leyes y normas que establezcan regulaciones en alimentos y de la actividad física que se debe desarrollar.
Otros plantean la educación a largo plazo, desde las edades más tempranas, como un elemento clave para lograr el cambio de hábitos de los niños que serán los adultos del futuro.
Existen planteamientos cortoplacistas provenientes fundamentalmente del área económica que señalan la necesidad de invertir en los que ya están enfermos y atenderlos bien, antes que enfrentar gastos para toda la población en promoción de hábitos de vida saludables y prevención de enfermedades, cuyos resultados sólo se verían, eventualmente, en el largo plazo.
Esta última propuesta cuenta con el apoyo de la población, cuya demanda es la solución de sus problemas inmediatos y no la prevención hacia el futuro de enfermedades que podrían o no producirse. Incluso, algunos plantean que no es ético pensar en invertir en promoción de estilos de vida saludables para prevenir la obesidad en el largo plazo, cuando ni siquiera hoy se está tratando bien a las personas que están enfermas.
Discontinuidad en las políticas
Es cierto que han existido programas desde 1998, como VIDA CHILE o Consejo Nacional para la Promoción de Salud, que entre sus objetivos tenía la disminución de la obesidad a través de programas y proyectos directos en alimentación y actividad física en cada una de las 341 comunas del país. Este programa funcionó bien hasta 2005, en que fue desplazado por el Plan AUGE, dedicado a resolver los problemas urgentes de tipo curativo, que tuvo gran aceptación por parte de la población, especialmente porque resolvía problemas económicos de aquellas personas que sufrían los problemas de salud específicos cubiertos por este Plan.
Con esto, las políticas relacionadas con lo promocional y preventivo no desaparecieron, pero quedaron relegadas a un segundo plano, dejando de ser prioridad para el Ministerio de Salud (MINSAL).
El año 2006 se crea la Estrategia Global contra la Obesidad o EGO Chile, que también enfrentó el tema a través de campañas comunicacionales y acción directa en mil escuelas, junto al programa NutriRSE de Acción Responsabilidad Social Empresarial,
financiado por empresas privadas, que se enfocó en cambios en alimentación y actividad física en escuelas y lugares de trabajo para prevenir la obesidad. Sin embargo, EGO Chile fue de corta duración y el año 2011 fue reemplazado por el Programa Elige Vivir Sano, que se transformó en Ley en mayo de 2013.
Como se puede observar por la descripción de estos programas, la prevención de la obesidad ha sido enfrentada parcialmente, con estrategias de corta duración, sin continuidad ni apoyo político de largo plazo, lo cual ha minimizado sus efectos, sin resultados positivos hasta el presente. (Tabla 1)
Descoordinación y dirección de las políticas
Por su complejidad y multidimensionalidad, es impensable que una política de prevención de la obesidad pueda ser impulsada por un solo sector, como es salud. La obesidad depende de la alimentación, actividad física, problemas psicosociales y ambientales que incumben a muchos sectores, entre los que destacan educación, deportes, desarrollo social, agricultura, vivienda y trabajo.
Para que una política intersectorial funcione, se requiere de una acción mancomunada y coordinada por parte del Estado, con orientaciones claras y recursos suficientes, lo que hasta el momento no ha sido posible realizar.
Falta de apoyo de la población
Por último, la campaña contra la desnutrición contó con un apoyo importante de la población, lo que no ha sucedido en el caso de la obesidad.
Si bien los programas de prevención de la obesidad, la mayor parte del Estado, han contado con el apoyo del sector privado, la sociedad civil no ha participado ni se ha involucrado en forma masiva y contundente como lo hizo con la desnutrición. Las razones son múltiples y difíciles de explicar, pero es claro que a diferencia de la desnutrición, la obesidad no conmueve ni es considerada una vergüenza nacional por parte de la población. Es más, en algunos sectores se considera positivo tener exceso de peso, como lo da a entender la expresión “niño gordito, niño sanito”.
Por otra parte, como la prevalencia de sobrepeso y obesidad es tan alta (bordea al 50% de los niños y al 70% de la población adulta), pasa a ser considerado algo “normal”, como aparece en las encuestas en que la percepción de obesidad es mucho menor que cuando se mide el estado nutricional, que da una prevalencia mayor.
Otro problema es que cambiar hábitos en alimentación y hacer actividad física entra en la esfera de lo individual, en el derecho de las personas a decidir sobre lo que quiere o no quiere hacer, y por lo tanto, cualquier cambio en estilo de vida impuesto desde el Estado es resistido ampliamente por las personas.
De hecho, a pesar del extenso conocimiento que existe acerca de lo positivo que tiene una dieta saludable y de las Guías Alimentarias Chilenas, junto a los beneficios de la actividad física, las personas no cambian sus hábitos hasta que se enferman gravemente y se ven obligadas a hacerlo, sin que les quede otra alternativa, como muestran investigaciones recientes realizadas por el INTA.
Proyecciones
Al no ser considerada la obesidad un problema sentido ni importante por parte de la población, cuyo interés principal no es precisamente cambiar hábitos, las políticas para prevenirla no son populares ni solicitadas espontáneamente por las personas, por lo cual no aparecen en la agenda ni programas de las campañas políticas.
Pueden estar en los planteamientos académicos, pero llegado el momento de establecer prioridades, siempre aparecen primero las de corto plazo, como son la atención de salud de las enfermedades ya existentes, que es lo que demanda la población en forma creciente. El problema es que estas enfermedades están directamente relacionadas con la obesidad, como en su época la desnutrición estuvo asociada a la mortalidad infantil. Un estudio realizado por el MINSAL sobre altas hospitalarias entre los años 2010 y 2012, mostró que más de la mitad de las altas se debía a obesidad, hipertensión arterial y diabetes, todas dependientes del exceso de peso. Por lo tanto, si las políticas de salud actuales siguen focalizadas solamente en atender a la población que ya está enferma, sin preocuparse de aquello que genera la enfermedad, seguiremos invirtiendo en hospitales, centros de salud, requiriendo especialistas y entregando cada vez más medicamentos, sin contribuir a resolver el problema de fondo.
En el caso de la desnutrición las políticas eran verticales, administradas por un sólo organismo estatal, el MINSAL, con un financiamiento específico para cada una de las acciones para desarrollar en Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria y con un gran apoyo de la población, a diferencia de lo que sucede con la obesidad.
Para prevenir la obesidad, las políticas deben ser intersectoriales con la participación de a lo menos los Ministerios de Salud, Educación, Deportes, Desarrollo Social, Vivienda, Agricultura y otros, con un ente coordinador de políticas y apoyo de la sociedad civil, que en este caso no la demanda y a la cual tampoco le parece un problema grave que deba enfrentar.
Condiciones para una Política de Estado
En consecuencia, educar a la población en los temas que están condicionando sus enfermedades, como son la alimentación saludable y actividad física, es crucial en un país que envejece y mejora económicamente, donde se ha reducido la pobreza y la población cuenta con más recursos. Paradojalmente, la población está teniendo una peor salud y cada vez más problemas con la atención directa de sus enfermedades, por la creciente demanda y alto costo de los servicios de salud. Además, se requiere una Política de Estado, de largo plazo, continúa en el tiempo, con recursos suficientes, dirigida por un ente coordinador desde el nivel central con capacidad ejecutiva real para realizar programas de promoción de estilos de vida saludables y de prevención de la obesidad, con presencia en cada una de las regiones del país. Sin embargo, es necesario señalar que en las democracias modernas, para que una política tenga éxito y se ejecute adecuadamente, se requiere del apoyo y colaboración de toda la sociedad. Por el contrario, cuando un problema no es sentido ni apoyado fuertemente por la población, es muy difícil que se transforme en una política pública de largo plazo, con normas y regulaciones efectivas, continua en el tiempo y con recursos suficientes.
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